Al Pie de la Letra/Raymundo Jiménez García

0
73

* YUNES: ATENCO NO SE OLVIDA

Xalapas, Ver., 14 de septiembre de 2020.- Después de doce años de exigir justicia, el viernes 21 de diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró la responsabilidad del Estado
mexicano por las graves violaciones cometidas contra 11 mujeres en 2006 en Atenco,
Estado de México, durante un operativo policiaco en el que estuvo implicado el ex
gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese entonces se
desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública federal.
El máximo órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos encontró que
las mujeres fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual y
falta de acceso a la justicia. “El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al
momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e
inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”, sentenció
la CoIDH, la cual reprochó la ausencia de regulación adecuada, la falta de capacitación de
los agentes, de supervisión y de monitoreo ineficiente del operativo en el que participaron
mil 815 policías estatales y 628 federales entre el 3 y 4 de mayo de 2006.
En la sentencia, que fue adoptada el 28 de noviembre pero notificada el 21 de diciembre del
año antepasado, la CoIDH hizo referencia al papel de diversas autoridades, entre ellas el
entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien autorizó utilizar la
fuerza pública estatal y federal.
Hace 14 años, feministas integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la
Equidad y Salud Integral para la Mujer (SIPAM) señalaron a Yunes como “responsable
directo de los hechos y de los actos criminales de la corporación a su cargo”. Lo acusaron
de poner en tela de juicio la veracidad de las declaraciones de las mujeres violadas por los
elementos a su mando, validando el proceder de los elementos policíacos.
Ante los actos brutales, el abuso y la criminalidad de los policías en este operativo, las
organizaciones civiles exhortaron al entonces funcionario federal veracruzano a renunciar y
a ponerse a disposición de las autoridades correspondientes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció como víctimas a 11 mujeres, de
las cuales Italia Méndez Moreno y Norma Aidé Jiménez Osorio dieron una conferencia de
prensa anteayer acompañadas por abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez (Prodh), en la que informaron que el 8 de julio pasado promovieron un
amparo contra la Fiscalía del Estado de México para exigir que la investigación sea
unificada en la Fiscalía General de la República (FGR), pues denunciaron que la Fiscalía
mexiquense se ha negado a dar la competencia del caso a la justicia federal, con lo que está
obstaculizando el cumplimiento de la sentencia contra el Estado mexicano de la CoIDH.

Ambas sobrevivientes de la tortura sexual afirmaron que no están dispuestas a ceder ni un
milímetro de la aplicación y cumplimiento dela sentencia de la Corte Interamericana.
¿Llegarán hasta Peña Nieto y Yunes Linares?

PALO GACHO: AGREDEN A POLICÍAS
Por cierto, hablando de policías, este lunes 14 circuló en redes sociales un video sobre
hechos ocurridos en la congregación de Palo Gacho, del municipio de Emiliano Zapata, en
el que –contrario a lo ocurrido en 2006 en Atenco, Estado de México– se observa a civiles
agrediendo a elementos de la Fuerza Civil de Veracruz.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que la grabación
corresponde a un bochornoso hecho ocurrido este sábado 12, “durante una intervención
policial por alteración del orden público en el exterior de un expendio de bebidas
alcohólicas.”
Según la versión de la SSP, “por la agresión de civiles hacia los efectivos, éstos decidieron
retirarse del lugar”.
Pero la dependencia a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado informó que ayer lunes “fue
ubicado uno de los implicados en dicho evento y quien nuevamente fue denunciado por la
comunidad por alterar el orden, además de agredir y amenazar a los oficiales, por lo que fue
detenido y puesto a disposición de la autoridad competente para los trámites
correspondientes.
“Para la SSP es importante precisar que en todo momento nuestros elementos se
condujeron con respeto a los derechos humanos y con estricto apego en la ley”, se afirmó
en el comunicado oficial.
Ese penoso incidente hizo recordar otro caso trágico ocurrido en esa misma población de
Emiliano Zapata hace un par de meses, y del que hasta ahora las autoridades estatales,
principalmente la Fiscalía General del Estado, no han informado sobre los avances de sus
investigaciones.
Y es que el jueves 2 de julio, cinco jóvenes xalapeños fueron levantados por un comando
armado en un expendio de cerveza de Palo Gacho.
Los desaparecidos fueron identificados como Cedrick Abdiel Ramírez Aguilar, de 19 años;
su primo Iván Aurelio Aguilar Villa, de 26; Mario Figueroa Domínguez, de 32 años; Iván
de Jesús Sosa Lagunes, de 32, y Marco Javier Reyes, de 30.
Los cinco, como ya se informó en su momento, fueron “levantados” cuando consumían
cervezas en un expendio llamado “Michelukas”.
Hasta le fecha se desconoce el avance de la carpeta de investigación número 118/2020,
cuyo retraso en las pesquisas se ha pretendido atribuir a la pandemia.

Pero también ha trascendido que algunos testigos, por temor, se han negado a declarar
sobre este hecho, principalmente la propietaria de la cervecería que inclusive promovió
hasta un amparo ante la justicia federal con la representación de tres abogados defensores.
Se ignora si al menos entregó a las autoridades ministeriales las videograbaciones de las
cámaras instaladas en su negocio.
De hecho, la Fiscalía tardó dos semanas en comenzar a investigar este caso, no obstante que
los familiares de las víctimas reportaron su desaparición al día siguiente, el viernes 03 de
julio.
Palo Gacho cobró notoriedad a finales de mayo de 2012, cuando en el sexenio del ex
gobernador Fidel Herrera Beltrán se descubrió un centro de entrenamiento de una célula
criminal vinculada al Cártel de Los Zetas, cuyos miembros se dedicaban a la extorsión y
secuestro en toda esa región. En el enfrentamiento con las fuerzas federales, 12 sicarios
perdieron la vida.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí