Lamenta Gonzalo Guízar que se relegue a personas vulnerables durante la contingencia

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Máxima García Guevara/cortesía

Xalapa, Ver., 04 de junio de 2020.- El diputado Gonzalo Guízar Valladares exhortó al delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a mantener una estrecha coordinación con los 212 presidentes municipales de Veracruz, durante la entrega de apoyos sociales a grupos vulnerables.

En entrevista el diputado lamentó que la pandemia por coronavirus está afectando a miles de hogares veracruzanos que desafortunadamente se quedaron sin ingresos ante la pérdida de empleos y el confinamiento social.

Guízar Valladares destacó que los municipios son la célula básica de la organización política y administrativa de la entidad tienen de manera inmediata, el conocimiento, diagnóstico y perspectiva para la eficaz atención de los grupos y sectores más vulnerables, son la primera autoridad a la que recurre la gente más necesitada en busca de apoyo.

“Relegarlos de la forma en cómo se ejecutan los programas sociales a cargo de la Secretaría de Bienestar, no solamente constituye una afrenta política, sino también, una actuación al margen de la Ley, que podría llevar a la ilegalidad”, señaló.

En diputado Guízar Valladares, reiteró que la emergencia sanitaria de salud pública y social que hoy se vive requiere del esfuerzo y coordinación de los diferentes órdenes de gobierno; responde a las necesidades de la población no es cuestión de siglas, dijo.

Dejó en claro que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 32, fracción VI, señala como atribución, de la Secretaría de Bienestar, la de: “Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para atender a los sectores sociales más desprotegidos.

Especial de la población de zonas áridas de las áreas rurales, así como de colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado”.

Es decir, que la coordinación no es una concesión graciosa, sino un mandato legal a cargo, justamente de la Secretaría de Bienestar.

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